El VII Informe FOESSA, elaborado por más de 90 expertos e investigadores de 30 universidadades de nuestro país, revela que 11.746.000 personas están excluidas en España.
Una cuarta parte de la población española se encuentra en situación de exclusión, siendo exclusión severa en la mitad de estos casos.
De los casi 12 millones, el 77,1% padecen exclusión del empleo, el 61,7% de la vivienda y el 46% de la salud.
Este informe habla de un periodo en el que gobernaron PSOE y PP, así que no resulta partidista, sino que refleja la realidad con el objetivo de generar un debate para crear futuro, como señala el secretario general de Cáritas española, Sebastián Mora.
El informe, dados los datos obtenidos, cuestiona el modelo social de nuestro país, su actual distribución de la renta, los procesos de exclusión social, el mercado de trabajo, el estado de bienestar y el modelo de sociedad que surgirá tras la crisis. Como explica Mora, el crecimiento económico por sí solo no genera equidad, encontrándonos ante una crisis de modelo social. La crisis no ha afectado a todos por igual, sino mucho más o los que ya estaban excluidos, por lo que para combatir la pobreza y la exclusión en nuestro país hay que potenciar los procesos de inclusión social.
Mora propuso "políticas
de sustento a la familia", de renta, de acceso a la vivienda, de empleo o
capacidad educativa. Y una lucha contra la corrupción.
Desde hoy 29 de octubre, hasta el viernes 31, se lleva a cabo el Congreso sobre exclusión y desarrollo social en España, convocado por la Fundación FOESSA y Cáritas, donde numeroses expertos intentarán responder a la cuestión sobre cuál es el modelo que queremos construir.
A continuación dejamos una serie de puntos extraidos del informe, que por su parte, Francisco Lorenzo, coordinador del
informe Foessa, presentó como constataciones del informe, siendo algunas:
- La crisis es consecuencia de un modelo social concreto, al que la propia crisis retroalimenta y fortalece.
- El porcentaje de hogares afectados simultáneamente por problemas de privación material y de pobreza monetaria ha aumentado casi un 50%.
- La crisis no ha afectado a todos por igual, siendo las familias de mayor tamaño las que más afectadas se han visto.
- Se multiplica la vulnerabilidad de los jóvenes.
- La creciente asociación de los procesos de exclusión con la diferencia étnica pone en el punto de mira un modelo de integración que había sido puesto como ejemplo en Europa.
- Fragilidad demográfica, dada las bajas tasas de fecundidad en España, lo que hace necesario invertir en esta materia para no poner en riesgo el modelo social.
Al final, el informe constata una serie de propuestas:
- Considerar los indicadores de desigualdad, pobreza, exclusión social y privación material como indicadores privilegiados que permitan un diagnóstico riguroso de desarrollo social.
- Evaluar la acción política a la vista del impacto que tiene sobre estos indicadores, con especial atención a las políticas que contribuyen al auténtico desarrollo: sanidad, educación, empleo, redistribución de la riqueza y garantía de ingresos.
- Conseguir que la protección social alcance estándares básicos en todo el territorio y que se haga operativa a través de un sistema de "garantía de mínimos".
- Desarrollar una protección social basada en el fortalecimiento de los servicios sociales públicos, que no quede reducida a la mera gestión de las prestaciones económicas.
- Construir un compromiso redistributivo ético que nos acerque a la medida europea.
- Considerar el gasto social como "inversión social", dando prioridad a aquellos ámitos que son más correctores en términos de desigualdad, como sanidad, educación, pensiones y rentas mínimas.
- Eliminar la sobrecarga que recae sobre los hogares.
- Desarrollar políticas familiares eficaces y con recursos suficientes que contrarresten, entre otros, el riesgo actual que conlleva la presencia de menores en el hogar.
- Poner en marcha un política eficaz que evite la transmisión intergeneracional de la pobreza.
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